¿Son de fiar los peritos judiciales? – Pere González Nebreda

El diagnóstico sobre la situación actual de la prueba pericial, que se puede leer en los medios, es duro pero es correcto: intrusismo, falta de experiencia, escasa formación, periciales hechas a medida, investigaciones contradictorias, errores manifiestos y otras anomalías que generan alarma social. El caso de las periciales forenses en temas médicos, por ser más mediático, ha puesto el dedo en la llaga, la calidad del los informes periciales es mejorable.
Los arquitectos peritos, nos encontramos en una situación similar. Los problemas relacionados con lesiones o vicios en la construcción, o con el urbanismo, exigen actuaciones periciales que no siempre se efectúan correctamente.
No es ajeno a ello, la absurda liberalización de las listas de peritos, propiciada por los Tribunales de la Competencia. Hasta hace unos años los peritos eran seleccionados por los Colegios Profesionales entre expertos dispuestos a asistir a la Justicia si eran requeridos para ello. Los requisitos para pertenecer a esas listas eran poseer conocimientos científicos y tener experiencia.
En los últimos años las actuaciones periciales se han ido deteriorando hasta llegar al escenario ahora denunciado.
Tres cosas han conducido a la situación actual:

• La evolución tecnológica. Los conocimientos básicos obtenidos en los estudios de grado de una determinada profesión, medico, arquitecto, ingeniero, economista…, no son suficientes para dictaminar sobre las materias que se someten a criterio del perito.Las técnicas evolucionan y los profesionales deben reciclarse y formarse de manera específica, incorporando nuevos conocimientos.
• La crisis económica ha afectado de manera especialmente grave a los profesionales jóvenes, que, sin opciones de trabajo, difícilmente pueden acumular la experiencia exigida a un perito.
• La liberalización de la prueba pericial, entendiendo mal, que la libre competencia puede mejorar su funcionamiento. Ese criterio se ha impuesto por encima de todos los demás obligando a los operadores a abrir las listas de peritos a todo aquel que quiera formar parte de ellas.

Han proliferado los oportunistas, empresas dedicadas a hacer pericias, asociaciones que previo pago de una cuota garantizan la inclusión de cualquier perito en las listas judiciales, engaños, intrusismo, cursos de dudosa calidad, influencias y maquinaciones para que sus listas prevalezcan en los juzgados, y otras picarescas que sería prolijo enumerar.
Las autoridades de la competencia no han entendido que cuando un ciudadano acude a la Justicia y precisa de una prueba pericial, debe “nombrarse” un experto que sea competente.
Es un derecho constitucional, amparado en la tutela judicial efectiva. Se trata de un nombramiento y no de un concurso. Es una designación a dedo, o por sorteo, de entre los profesionales de una lista previamente establecida.

Es exigible que quienes formen parte de esa lista reúnan los requisitos de capacitación, experiencia y formación. Requisitos acreditados y contrastados con criterios de transparencia y no discriminación. Ahora eso no sucede así, ya que forman parte de esas listas profesionales poco capacitados, inexpertos, o insuficientemente formados, incluidos por intereses espurios,
y por presiones de la autoridad de la competencia que sostiene que no puede haber exigencias de calidad profesional en la elaboración de las listas.
No todo es mercado, no todo es competencia, en la Justicia lo que se juega es un servicio de vital importancia para el ciudadano, una asistencia pericial de calidad.
En esa situación, se olvida en ocasiones que el perito es un servidor de la justicia, un científico que pone sus conocimientos y experiencia al servicio de la verdad. Que jura decir verdad y que no puede mentir. Ni mentir haciendo un dictamen pericial erróneo, ni mentir haciendo creer que tiene unos conocimientos o una experiencia de las que carece. Y si lo así lo hiciere pueden
y deben derivarse responsabilidades incluso penales.
También en ese aspecto se ha hecho dejación. Los medios han puesto el dedo en la llaga de una situación desesperante que debe ser denunciada. Peritos incompetentes, peritos deshonestos, cuyas actuaciones permanecen impunes, inexplicablemente impunes.
Es imprescindible poner orden en todo esto. Por eso es de aplaudir que finalmente la Administración de Justicia haya decidido actuar creando un registro de peritos que deberán cumplir estrictos requisitos, elaborando unas listas de peritos únicas, construidas con criterios de capacitación, experiencia y formación, elaboradas con criterios de transparencia y no discriminación. Y un órgano que se encargue de controlar su actividad y de imponer sanciones, estableciendo un sistema sancionador claro, de forma que se castigue a los peritos que no actúen correctamente.

Los arquitectos peritos forenses lamentamos la situación actual y esperamos que las nuevas medidas se hagan efectivas muy pronto. La justicia y los ciudadanos lo necesitan. La sociedad debe confiar en la Justicia, y ambos deben confiar en los peritos.

Pere González Nebreda
Presidente de la Unión de Arquitectos Peritos Forenses de España