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El Tribunal Supremo ha echado abajo el entramado regulatorio levantado cuidadosamente por el Ministerio de Hacienda en los últimos años para poner bajo control y en muchos casos elevar la factura fiscal asociada a las transmisiones de inmuebles.
Sentencia que sienta una doctrina muy precisa y concluyente en cuanto a los profesionales competentes en esta materia, la reserva de actividad que existe a favor de los arquitectos y, correlativamente, las funciones que exceden de las atribuciones de arquitectos técnicos.
Recurso de Casación Contencioso-Administrativo. Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso.
Id Cendoj: 28079130022023100015
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece una serie de normas específicas que son fundamentales para la regulación de los servicios de arquitectura. Estas normas no solo garantizan la transparencia y la igualdad de oportunidades en la adjudicación de contratos, sino que también aseguran una adecuada calidad en la prestación de estos servicios. La importancia singular de este marco normativo radica en su capacidad para establecer criterios claros y objetivos que orientan tanto a los organismos públicos como a los profesionales del sector.
Entre los aspectos más relevantes se encuentra el cumplimiento de los principios de publicidad, competitividad y confidencialidad en el proceso de contratación. La LCSP busca evitar cualquier tipo de